Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, por la que se regula con carácter urgente y transitorio el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares
Antecedentes
1. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, publicada en el BOE de 15 de diciembre, regula las condicionas básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD), en el que colaboran y participan todas aquellas Administraciones Públicas con competencias en la materia.
2. La Ley de dependencia reconoce un nuevo derecho de ciudadanía en España, universal, subjetivo y perfecto: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
La disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece que la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia para las personas valoradas como grandes dependientes (grado III niveles 1 y 2) será a partir del 1 de enero de 2007 o desde el momento de la solicitud si esta es posterior
3. La citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se ha desarrollado, a nivel estatal, mediante el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, regulador del nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado para la Administración General del Estado, el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia y el Real Decreto 727/2007, de criterios para la determinación de las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
4. Mediante la orden de de inicio de 31 de octubre de 2007, la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción y Inmigración, inició, a propuesta de esta dirección general, el procedimiento de elaboración del Decreto del Consejo de Gobierno por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicio y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y se designó a la Dirección General de Atención a la Dependencia como órgano responsable de la tramitación del expediente.
5. Dada la fecha en que nos encontramos y que la tramitación del procedimiento establecida para la elaboración de un decreto del Consejo de Gobierno nos lleva a demorar más la efectividad de las prestaciones establecidas en la Ley de dependencia, se entiende que está justificada la adopción de medidas provisionales y transitorias, donde se regulan las materias que ha de recoger el futuro Decreto del Consejo de Gobierno, durante la tramitación de éste, mediante resolución de la Consejera.
De manera especial, esta adopción de medidas provisionales es necesaria para los supuestos de la prestación de cuidador familiar, figura tradicional en nuestra red de servicios sociales, regulada anualmente mediante convocatoria pública de ayudas, aunque sin la especial cobertura que en materia de Seguridad Social para la persona cuidadora, ha establecido la Ley 39/2006, desarrollada en esta materia por el Real Decreto 615/2007, regulador de la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, a quienes la falta de regulación propia de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, causa un perjuicio irreparable, al no poder acreditar ante la Tesorería de la Seguridad Social, los requisitos que posibilitan el alta en el sistema, al cual no se pueden aplicar efectos retroactivos.
6. La demora en la aplicación de las prestaciones a los grandes dependientes, puede llegar al extremo de hacer ineficaz el derecho reconocido por la Ley 39/2006, al tratarse de un colectivo en grave situación de precariedad no únicamente de salud, sino en muchos casos también social y económica. Esto hace imprescindible la adjudicación de manera inmediata de las prestaciones a que tienen derecho.
7. Por todo ello, es necesario adoptar con carácter urgente unas medidas provisionales sobre el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Fundamentos de derecho
1. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE de 15 de diciembre).
2. El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, regulador del nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado.
3. El Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las persones en situación de dependencia.
4. El Real Decreto 727/2007, de criterios para la determinación de las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
5. De acuerdo con lo que dispone el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, le corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la competencia exclusiva en materia de acción y bienestar social, así como en Política de Atención a personas dependientes.
6. De acuerdo con los Decretos del presidente de las Illes Balears 9/2007, 10/2007 y 11/2007 la competencia en materia de atención y ayuda a personas con dependencia ha de ser ejercida por la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.
7. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de les administraciones publiques y del procedimiento administrativo común, fundamentalmente en cuanto al apartado 1 del artículo 75 sobre el principio de celeridad y eficacia y el apartado 1 del artículo 72, que dispone textualmente: «iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver puede adoptar de oficio o a instancia de parte las medidas provisionales que considere oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictar, si hay elementos de juicio suficientes.
Por todo ello,
RESUELVO
1. Adoptar las medidas provisionales que han de regular el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema par la autonomía personal y atención a la dependencia, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, hasta la entrada en vigor de la nueva normativa reguladora de esta materia, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
2. Disponer que todas las referencias que se efectúan en la presente Resolución a Trabajador Social se entienden hechas a Diplomados Universitarios en Trabajo Social o Asistentes sociales.
3. Considerar beneficiarias de las prestaciones establecidas en la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, las personas que habiendo sido declaradas gran dependientes sean beneficiarias actualmente de una prestación del sistema público de servicios sociales de Illes Balears. Asimismo, todas las personas que tienen reconocida la situación de dependencia y adjudicada plaza en centro asistencial, y/o a la espera de apertura y funcionamiento, accederán al recurso de prestación económica vinculada al servicio, si estuvieren ingresados en centro asistencial privado acreditado, o a prestación económica para cuidados en el entorno familiar si fuera el caso, hasta tanto se produzca el ingreso en el establecimiento adjudicado.
A todos los efectos, se entiende que los beneficiarios incluidos en este apartado, a través del expediente de adjudicación o de ingreso en centro asistencial, tiene elaborado, aceptado y aprobado el PIA.
4. Disponer que todas las personas que tienen reconocida la condición de gran dependiente, (grado III nivel 1 y 2), y habiendo participado en la convocatoria establecida en la Resolución de la Consejera de Presidencia y Deportes de 24 de mayo de 2007, por la que se regulan las ayudas destinadas a cuidados en el domicilio de las personasen situación de dependencia severa y de las familias cuidadoras, y se establece la convocatoria para el año 2007 (BOIB número 79 de 26 de mayo) resultaron excluidas de dichas ayudas por haber sido declarados grandes dependientes (grado III, niveles 1 y 2), accederán a los recursos regulados en esta Resolución de manera directa, aplicándoseles como criterio preferente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales del punto 33, sin perjuicio de manifestación en contra y acuerdo de otra prestación, técnica o económica a través del PIA.
A todos los efectos, se entiende que los beneficiarios incluidos en este apartado, a través del expediente de solicitud de la ayuda a que se refiere, tienen elaborado, aceptado y aprobado el PIA.
5. Disponer que, dada la provisionalidad y transitoriedad de la presente disposición, los derechos que se reconozcan a los beneficiarios a su amparo, podrán ser modificados, si procede, a través de la aplicación de la normativa definitiva, mediante la revisión del PIA.
6. Publicar presente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Contra esta Resolución -que agota la vía administrativa- se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración en el plazo de un mes contador des del día siguiente de su publicación, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 57 de la Ley 3/2002, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar des del día siguiente de su publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Palma, 13 de noviembre de 2007
La consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración
Josefina Santiago Rodríguez
ANNEX 1
Mesures provisionals que han de regular el procediment per al reconeixement de la situació de dependència
Primera part. Disposicions generals
1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució té per objecte regular, amb caràcter provisional i transitori, el procediment per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, tenint en compte la composició i les funcions dels òrgans competents per a la seva valoració en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com establir la intensitat de protecció dels serveis, el règim de compatibilitat entre les prestacions i els serveis, i també regular la gestió de les prestacions econòmiques per a l’aplicació del Sistema d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència a les Illes Balears.
2. Titulars de drets
Als efectes de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, són titulars dels drets que s’hi estableixen les persones que compleixin els requisits dels articles 5.1 i 5.2 de la Llei 39/2006 i resideixin a les Illes Balears en la data de presentació de la sol·licitud.
3. Integració en el Sistema Públic de Serveis Socials de les Illes Balears
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències, reconeix i garanteix el sistema de prestacions públiques establertes en la Llei 39/2006 integrant-les al Sistema Balear de Serveis Socials de responsabilitat pública.
4. Competències
4.1 Corresponen a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, la valoració de la situació de dependència i, a través de la Direcció General d’Atenció a la Dependència i dels òrgans que en depenguin, la resolució dels procediments per al reconeixement de la situació de dependència, la prescripció de serveis i prestacions, i la gestió i execució de les prestacions econòmiques establertes en la Llei 39/2006.
4.2 Els consells insulars, mancomunitats, ajuntaments i entitats locals de les Illes Balears han de participar, en les condicions que s’estableixin, en el procediment per al reconeixement de la situació de dependència i, si escau, del dret a les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, en els termes establerts a la Llei 39/2006, en les disposicions de desenvolupament i en aquest Decret.
4.3 Així mateix, en els termes que s’estableixin, correspon als serveis socials propis de la CAIB, del consell insular o del municipi de residència de les persones sol·licitants, l’elaboració de la proposta de Programa Individual d’Atenció, mitjançant els treballadors socials habilitats per a això pel director general competent en matèria de dependència.
5. Cooperació interadministrativa
5.1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències respectives, poden col·laborar amb la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, mitjançant els instruments i procediments que s’estableixin, en la implantació i el desenvolupament del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5.2 La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, establirà els procediments i instruments de coordinació adients, amb la resta de conselleries i organismes de l’Administració de la CAIB, en els seus respectius àmbits competencials, amb l’objecte de garantir una efectiva atenció a les persones en situació de dependència
6. Òrgan de valoració
L’Equip Tècnic de Valoració, creat mitjançant la Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 7 de setembre de 2007 (BOIB núm. 140, de 18 de setembre), amb la composició i les funcions que s’hi estableixen, és l’òrgan de valoració encarregat d’emetre el dictamen proposta per determinar el grau i nivell de dependència i també l’especificació de les cures que la persona necessiti, als efectes de l’article 27 de la Llei 39/2006.
Segona part. Procediment per al reconeixement de la dependència
7. Inici del procediment
El procediment per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència s’inicia a instància de les persones titulars de drets a què es refereix el punt 2, o de les que les representin.
8. Sol·licitud i documentació
La sol·licitud s’ha de formular mitjançant el model oficial (annex 2), i s’hi ha d’adjuntar, amb caràcter preceptiu, la documentació següent, mitjançant l’aportació d’originals o còpies autenticades:
a) Document nacional d’identitat de la persona sol·licitant o, a falta d’aquest, document acreditatiu de la seva personalitat.
b) Si escau, document nacional d’identitat o, a falta d’aquest, document acreditatiu de la personalitat de qui ostenti la representació juntament amb la resolució judicial d’incapacitació, document acreditatiu de la representació o de guardador de fet, segons el model oficial integrat a l’annex 2.
c) Certificat d’empadronament acreditatiu de la residència a les Illes Balears de la persona sol·licitant conforme al que s’estableix en punt 2 d’aquesta resolució. En el cas de residents al municipi de Palma durant els darrers cinc anys, no és necessari.
d) Informe de salut segons el model oficial integrat a l’annex 2.
9. Lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar a les oficines de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, sense perjudici del que disposa l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
10. Esmena de deficiències
10.1 Si la sol·licitud d’iniciació no compleix els requisits exigits o si no s’hi adjunta la documentació establerta en l’article 8, es requerirà que la persona sol·licitant, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es tindrà per desistida la seva petició, de conformitat amb el que estableix l’article 71.1 de la Llei 30/1992.
10.2 Transcorregut el termini d’esmena sense que aquesta s’hagi produït, l’òrgan competent dictarà resolució en els termes prevists en l’article 42 de la Llei 30/1992.
11. Lloc i data de valoració
Una vegada completada tota la documentació, s’acordarà amb la persona sol·licitant el dia i l’hora que els professionals acreditats (valoradors) aniran al seu domicili o lloc de residència per aplicar l’instrument de valoració (BVD/EVE) regulat al Reial decret 504/2007, de 20 d’abril.
Els valoradors poden dur a terme la valoració en unes instal·lacions diferents al domicili de la persona sol·licitant en funció de criteris o necessitats professionals o, en el seu, cas, que la situació física o intel·lectual de l’interessat ho aconselli. Els valoradors estaran proveïts d’un carnet acreditatiu de la seva condició, que han d’exhibir abans de l’inici del seu treball d’aplicació del barem de BVD/EVE.
El procediment caduca, en els termes establerts en l’article 92 de la Llei 30/1992, quan la valoració és impossible per causes imputables a la persona sol·licitant.
12. Valoració de la situació de dependència i proposta de valoració
12.1. Afi de determinar el grau i nivell de dependència, les persones encarregades de baremar, els coordinadors de valoradors, han de realitzar l’aplicació del barem aprovat pel Reial decret 504/2007, de 20 d’abril.
12.2 El grau i nivell de dependència de la persona interessada es valorarà tenint en compte, a més a més l’informe de salut a què es refereix el punt 8. d) d’aquesta resolució, l’informe sobre l’entorn en què viu i, si escau, les ajudes tècniques, ortesis i pròtesis que li hagin estat prescrites.
12.3 S’ha de formalitzar un dictamen proposta que, junt amb l’expedient, ha de ser traslladat a l’Equip Tècnic de Valoració referit al punt 6.
12.4 L’Equip Tècnic de Valoració, fets els tràmits previs regulats en la Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 7 de setembre de 2007, ha d’elevar al titular de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració una proposta de resolució que contingui el dictamen sobre el grau i nivell de dependència, amb especificació dels serveis i prestacions que la persona pugui requerir.
12.5 El dictamen de l’Equip Tècnic de Valoració ha d’establir, quan sigui procedent, en funció de les circumstàncies concurrents, el termini màxim en què s’ha d’efectuar, si escau, la primera revisió del grau i nivell dictaminat.
13. Resolució de valoració
13.1 La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració dictarà la resolució corresponent, que ha de determinar:
a) El grau i nivell de dependència de la persona sol·licitant, amb indicació de l’efectivitat del dret a les prestacions de dependència, conforme al calendari establert en la disposició final primera de la Llei 39/2006 (així mateix, ha d’establir, quan sigui procedent, en funció de les circumstàncies concurrents, el termini màxim en què s’hagi d’efectuar la primera revisió del grau i nivell que es declari).
b) Els serveis o prestacions que poden correspondre a la persona interessada d’acord amb el seu grau i nivell de dependència.
13.2 La resolució s’ha de dictar i notificar a la persona sol·licitant o als seus representants legals en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data d’entrada de la sol·licitud al registre de la Direcció General d’Atenció a la Dependència.
Transcorregut el termini establert en el paràgraf anterior sense que s’hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre desestimada, sense perjudici de l’obligació de l’Administració de resoldre expressament.
13.3 La resolució de reconeixement de la situació de dependència té validesa a tot el territori de l’Estat i si escau, es comunicarà als serveis socials del consell insular i del municipi de residència de la persona interessada. La seva eficàcia queda demorada fins a l’aprovació del Programa Individual d’Atenció corresponent.
13.4 Contra la resolució de reconeixement de la situació de dependència es pot interposar un recurs de reposició davant del consellera d’ Afers Socials, Promoció i Immigració.
14. Revisió del grau o nivell de dependència
14.1 De conformitat amb el que estableix la Llei 39/2006 a l’article 30.1, el grau o nivell de dependència és revisable per les causes següents:
a) Millora o empitjorament de la situació de dependència.
b) Error de diagnòstic o en l’aplicació del barem corresponent.
c) Compliment del termini assenyalat en la resolució inicial de reconeixement.
14.2 El procediment de revisió s’inicia a instància de la persona beneficiària o dels seus representants, o d’ofici per part de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
14.3 A la sol·licitud de revisió s’hi han d’adjuntar els informes o documents que puguin incidir en la resolució del procediment.
14.4 En allò que sigui procedent, són aplicables al procediment de revisió les normes establertes en aquesta resolució, reguladora del procediment de reconeixement de la situació de dependència.
14.5 Si de la inactivitat de la persona beneficiària o dels seus representants legals es deriven quanties indegudament percebudes de la prestació econòmica reconeguda o una participació insuficient en el cost dels serveis, aquella està obligat al seu reintegrament o a l’abonament de la diferència que correspongui.
Tercera part. Programa Individual d’Atenció (PIA)
15. Elaboració de la proposta del Programa Individual d’atenció (PIA)
15.1 Una vegada notificada la resolució de reconeixement de la situació de dependència i sempre que l’efectivitat del dret a les prestacions de dependència s’hagi de produir l’any en què s’hagi dictat la resolució esmentada, conforme al calendari establert en la disposició final primera de la Llei 39/2006, s’ha d’elaborar la proposta de PIA que correspongui a la persona beneficiària. A aquest efecte, l’òrgan a què s’encomani o amb qui es concerti l’elaboració o gestió del PIA, requerirà a la persona interessada que, en un termini màxim de deu dies hàbils, presenti la documentació següent:
a) Declaracions dels imposts sobre la renda i sobre el patrimoni de les persones físiques referides al període impositiu immediatament anterior (amb termini de presentació vençut) a la data d’efectivitat del dret, conforme al calendari referit en el primer paràgraf d’aquest punt. Els qui no estiguin obligats a presentar-les, han d’aportar un certificat de retencions de rendiments percebuts o, a falta d’aquest, una declaració responsable d’ingressos i una declaració sobre la titularitat dels béns immobles, així com dels béns mobles que reglamentàriament es determinin.
b) Si escau, documentació acreditativa de les circumstàncies personals i familiars al·legades per la persona interessada.
15.2 En cas que la persona beneficiària, o el seu representant, no aporti la documentació anterior, li ha de ser requerit que, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa l’expedient quedarà paralitzat i se suspendrà el termini per a l’elaboració del PIA.
15.3 En el procediment d’elaboració del Programa Individual d’Atenció s’ha de realitzar un informe social en què es detalli la situació social, familiar i de l’entorn de la persona en situació de dependència. Aquest informe l’ha de realitzar un treballador social habilitat.
15.4 D’acord amb la Llei 39/2006, durant l’elaboració del Programa Individual d’Atenció s’ha de donar participació a la persona beneficiària, o si escau, a la seva família o entitats tutelars que la representin.
15.5 L’òrgan a què s’encomani o amb qui es concerti la gestió del PIA, ha de trametre a la Direcció General d’Atenció a la Dependència, a més de la proposta de Programa Individual d’Atenció, les declaracions, la documentació acreditativa del tràmit d’audiència, així com l’informe social sobre la situació familiar i de l’entorn de la persona declarada en situació de dependència. Aquesta tramesa s’ha de produir en el termini màxim de dos mesos des que es rebi l’expedient amb la resolució de reconeixement de la situació de dependència.
16. Aprovació
16.1 La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració dicatarà, amb les comprovacions prèvies que convinguin i a proposta del Director General d’Atenció a la Dependència, ha de dictar la resolució per la qual s’aprova el Programa Individual d’Atenció (PIA).
16.2 El Programa Individual d’Atenció ha de tenir els continguts següents:
a) Dades i circumstàncies personals i familiars de la persona en situació de dependència.
b) Servei o serveis prescrits, amb indicació de les condicions específiques de la prestació, així com de la participació en el cost que pugui correspondre a la persona en situació de dependència segons la seva capacitat econòmica.
c) En el cas de no ser possible l’accés a un servei públic o concertat d’atenció i cura, prestació econòmica vinculada al servei.
d) Prestació econòmica per a atencions familiars, quan la persona beneficiària sigui atesa en el seu entorn familiar i es compleixin les condicions adequades de convivència i habitabilitat de l’habitatge, amb indicació de les condicions específiques d’accés a aquesta prestació.
e) Si escau, prestació econòmica d’assistència personal, amb indicació de les condicions específiques d’accés a aquesta prestació.
16.3 L’aprovació i la notificació a la persona interessada o als seus representants legals del Programa Individual d’Atenció s’ha de produir en el termini màxim de tres mesos des de la data de recepció de la resolució de reconeixement de la situació de dependència, excepte en els supòsits prevists als apartats 5 i 6 d’aquest punt.
16.4 La resolució s’ha de notificar a la persona beneficiària o als seus representants i, si escau, s’ha de comunicar als serveis socials del consell insular i de l’ajuntament de la seva residència.
16.5 Quan el dret d’accés als serveis i prestacions corresponents, conforme al calendari establert en la disposició final primera de la Llei 39/2006, s’hagi de fer efectiu en un any diferent d’aquell en el qual s’ha dictat la resolució de reconeixement de la situació de dependència, els serveis socials comunitaris podran elaborar la proposta de Programa Individual d’Atenció en els tres mesos anteriors a l’inici de l’any d’implantació.
16.6 Així mateix, els serveis socials comunitaris disposen d’un termini de tres mesos per elaborar el PIA corresponent, en el cas que un beneficiari d’una altra comunitat autònoma traslladi el seu domicili de forma permanent al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
16.7 Contra la resolució per la qual s’aprova el Programa Individual d’Atenció es pot interposar un recurs de reposició davant de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració.
16.8 En els casos de grau III, nivell 2, quan no sigui possible arribar a un acord amb la persona beneficiària o el tutor sobre el servei a prescriure, perquè es nega a rebre el que es considera motivadament més adequat o necessari per a la seva salut, es pot posar en coneixement del Ministeri Fiscal si es desprèn de la gravetat del cas que poden resultar perjudicis irreparables per a la persona beneficiària o responsabilitats de l’Administració.
17. Revisió
El Programa Individual d’Atenció ha de ser revisat per la titular de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració:
a) Quan es revisi la valoració de la dependència.
b) A instància de la persona interessada o dels seus representants legals a causa de canvis objectius en les circumstàncies de l’entorn.
c) A instància dels Serveis Socials de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública que atenguin la persona dependent.
d) D’ofici quan les circumstàncies ho aconsellin.
e) Com a conseqüència del trasllat de residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En allò que sigui procedent, seran aplicables al procediment de revisió les normes establertes en aquesta resolució per al procediment d’aprovació dels Programes Individuals d’Atenció.
18. Revisió i extinció de la prestació reconeguda
18.1 Les prestacions reconegudes poden ser modificades o extingides, en funció de la situació personal del beneficiari, en els casos següents:
a) Quan es produeixi variació de qualsevol dels requisits establerts per al seu reconeixement.
b) Per incompliment de les obligacions regulades en la Llei 39/2006.
c) Per renuncia o mort de la persona beneficiària.
18.2 El procediment s’inicia d’ofici o a instància de la persona beneficiària.
18.3 En el procediment per a la revisió d’una prestació reconeguda s’ha de donar audiència a la persona beneficiària o al seu representant. La resolució ha de ser dictada per la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració a proposta del Director General d’Atenció a la Dependència.
19. Seguiment del Programa Individual d’Atenció
La Direcció General d’Atenció a la Dependència és la responsable del seguiment de l’aplicació correcta del Programa Individual d’Atenció.
20. Seguiment de l’aplicació de prestacions, ajuts i beneficis i acció administrativa
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través dels òrgans competents en cada cas, ha de vetllar per la correcta aplicació o utilització dels fons públics, prestacions, serveis i beneficis que es derivin del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.
Quarta part. Intensitat de protecció dels serveis
21. Catàleg de serveis
Als serveis del Catàleg de l’article 15 de la Llei 39/2006 s’hi aplica el règim d’ordenació, acreditació, registre i inspecció dels serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, hi són aplicables les disposicions vigents quant a les condicions i el règim de prestació dels serveis.
22. Xarxa de centres i serveis
22.1 La xarxa de centres i serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Autònoma de Illes Balears, està integrada pels tipus següents:
a) Centres i serveis públics de titularitat de l’Administració de la CAIB i dels organismes i entitats que en depenen.
b) Centres i serveis públics de titularitat dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
c) Centres i serveis públics de titularitat de les entitats locals de les Illes Balears.
d) Centres i serveis privats concertats del tercer sector definits en l’article 2.8 de la Llei 39/2006.
e) Centres i serveis privats concertats de la iniciativa privada amb ànim de lucre.
22.2 Els centres i serveis privats concertats, així com els centres i serveis privats no concertats que col·laborin amb el Sistema en l’atenció a persones en situació de dependència han d’estar acreditats conforme a la normativa aplicable a la Comunitat Autònoma de Illes Balears.
23. Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries estan obligades a:
a) Facilitar directament, o a través del seu representant, tota la informació que els sigui requerida i que resulti necessària per reconèixer o mantenir el dret a les prestacions del Sistema, llevat que obri en poder de les administracions públiques i sempre que segons la legislació vigent puguin obtenir-la pels seus propis mitjans.
b) Destinar les prestacions econòmiques a les finalitats per a les quals van ser reconegudes, així com justificar-ne l’aplicació.
c) Comunicar a la conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració qualsevol variació de circumstàncies que pugui afectar el dret, el contingut o la intensitat de les prestacions que tingui reconegudes, en el termini de trenta dies, a comptar des que la variació esmentada es produeixi.
23.2 Si la persona beneficiària incompleix les obligacions establertes a l’apartat anterior i d’això es deriven quanties indegudament percebudes de la prestació econòmica reconeguda, o una participació insuficient al cost dels serveis, estarà obligada al seu reintegrament o a l’abonament de la diferència que correspongui.
Cinquena part: Intensitat dels serveis del Catàleg
24. Prestacions i serveis per grau i nivell de dependència. A efectes del que s’estableix en l’article 10.3 de la Llei 39/2006, a cada grau i nivell de dependència poden correspondre els serveis i prestacions següents:
a) Dependència moderada. Grau I, nivells 1 i 2.
- teleassistència
- ajuda a domicili
- centre d’estades diürnes (CED) i de nocturnes (CEN)
- estades temporals en centres residencials
- prestació econòmica vinculada al servei
- prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar
b) Dependència severa. Grau II, nivells 1 i 2.
- teleassistència
- ajuda a domicili
- centre d’estades diürnes (CED) i de nocturnes (CEN)
- atenció residencial
- estades temporals en centres residencials
- prestació econòmica vinculada al servei
- prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar
c) Gran dependència. Grau III, nivells 1 i 2.
- teleassistència
- ajuda a domicili
- centre d’estades diürnes (CED) i de nocturnes (CEN)
- atenció residencial
- estades temporals en centres residencials
- prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar
- prestació econòmica vinculada al servei
- prestació d’assistència personal
25. Intensitat dels serveis
25.1.La intensitat de protecció dels serveis de promoció d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència establerts en l’article 15 de la Llei 39/2006 es determina pel contingut prestacional de cada un dels serveis assistencials i per l’extensió o durada d’aquest segons el grau i nivell de dependència.
25.2 S’entén per serveis assistencials els que ha de rebre la persona dependent per a la seva atenció i cura personal en la realització de les activitats de la vida diària, així com els que tenen com a finalitat la promoció de la seva autonomia personal, inclòs el transport adaptat per a l’assistència al centre d’estades diürnes o nocturnes.
25.3 Les persones en situació de dependència han de rebre serveis per tal de prevenir l’agreujament del seu grau i nivell de dependència, atenció inclosa als programes de teleassistència, d’ajuda a domicili, dels centres d’estades diürnes i dels centres d’estades nocturnes i d’atenció residencial.
25.4 Així mateix, les persones en situació de dependència han de rebre assessorament, orientació i assistència en tecnologies assistides i adaptacions que contribueixin a facilitar la realització de les activitats de la vida diària, serveis de rehabilitació, de teràpia ocupacional, així com qualsevol altre programa d’intervenció que tingui com a finalitat la promoció de la seva autonomia personal.
26. Intensitat del servei de teleassistència
El servei de teleassistència es presta les 24 hores del dia, cada dia de l’any, per a les persones en situació de dependència, conforme al que estableixen el Programa Individual d’Atenció i les condicions regulades per les disposicions aplicables.
27. Intensitat del servei d’ajuda a domicili
27.1 El servei d’ajuda a domicili comprèn l’atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària i la cobertura de les necessitats domèstiques, mitjançant els serveis prevists en l’article 23 de Llei 39/2006 i els que s’estableixin en la normativa que resulti d’aplicació.
27.2 La intensitat del servei d’ajuda a domicili està en funció del Programa Individual d’Atenció i es determina en nombre d’hores mensuals de serveis assistencials, mitjançant intervals segons grau i nivell de dependència:
27.3 El servei d’ajuda a domicili se suspendrà temporalment per l’internament de la persona beneficiària en establiments sanitaris o residencials amb caràcter temporal, per un màxim de quaranta-cinc dies anuals.
28. Intensitat del servei de centre d’estades diürnes
El servei de centre d’estada diürna o Unitat d’Estada Diürna, públic o acreditat, ha d’ajustar els serveis establerts en l’article 24 de la Llei 39/2006 a les necessitats de les persones en situació de dependència ateses segons el seu grau i nivell.
29. Intensitat del servei d’atenció residencial
29.1 El servei d’atenció residencial ofereix una atenció integral i continuada, de caràcter personalitzat i social, que es prestarà en centres residencials, públics o acreditats, tenint en compte la naturalesa de la dependència, el grau d’aquesta i la intensitat d’assistència que la persona necessiti.
29.2 La intensitat del servei d’atenció residencial depèn dels serveis del centre que la persona amb dependència necessita, d’acord amb el seu Programa Individual d’Atenció.
29.3 El servei d’estades temporals a un centre residencial o de respir familiar s’ha d’ajustar a la normativa aplicable i es presta en funció de la disponibilitat de places del Sistema a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del nombre de persones ateses mitjançant atencions a l’entorn familiar.
Sisena part. Règim de compatibilitats dels serveis i prestacions econòmiques
30. Règim de compatibilitats
El règim de compatibilitats per a cada un dels serveis i prestacions econòmiques és el següent:
30.1 El servei de teleassistència és compatible amb tots els serveis i prestacions excepte amb el servei d’atenció residencial i amb la prestació econòmica vinculada a l’adquisició d’un servei d’aquesta mateixa naturalesa.
30.2 El servei d’ajuda a domicili és incompatible amb tots els serveis i prestacions, a excepció de:
a) El servei de teleassistència.
b) La prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals i d’assistència personal durant el període de vacances de la persona cuidadora o assistent.
30.3 El servei de centre d’estades diürnes és incompatible amb tots els serveis i prestacions econòmiques a excepció de:
a) El servei de teleassistència.
b) El servei d’atenció residencial quan el centre d’estades diürnes sigui de teràpia ocupacional.
c) La prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals i d’assistència personal durant el període de vacances de la persona cuidadora o assistent.
30.4 El servei de centre d’estades nocturnes és incompatible amb els altres serveis i prestacions econòmiques a excepció de:
a) El servei de teleassistència.
b) La prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals i d’assistència personal durant el període de vacances de la persona cuidadora o assistent.
30.5 El servei d’atenció residencial és incompatible amb tots els serveis i prestacions, a excepció de:
a) Centres d’estada diürna amb teràpia ocupacional.
b) La prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals i d’assistència personal durant el període de vacances de la persona cuidadora o assistent.
c) El servei d’ajuda a domicili quan no pugui cobrir necessitats de situacions conjunturals de crisi de la unitat familiar.
30.6 La prestació econòmica vinculada al servei és incompatible amb tots els serveis i prestacions a excepció de:
a) El servei de teleassistència, excepte quan es tracti de prestació econòmica vinculada per a l’adquisició d’un servei d’atenció residencial.
b) La prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals durant el període de vacances de la persona cuidadora.
30.7 La prestació econòmica per a cures a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals és incompatible amb tots els serveis i prestacions, a excepció de:
a) El servei de teleassistència.
b) Els serveis d’ajuda a domicili, centre d’estades diürnes i nocturnes , i atenció residencial, així com la prestació econòmica vinculada a l’adquisició d’un servei d’aquesta darrera naturalesa, durant el període de vacances de la persona cuidadora o en situacions de crisi familiar greu.
30.8 La prestació econòmica d’assistència personal és incompatible amb els altres serveis i prestacions, a excepció de:
a) El servei de teleassistència.
b) Els serveis d’ajuda a domicili, centre d’estades diürnes i nocturnes , i atenció residencial, durant el període de vacances de la persona cuidadora.
31. Classes de prestacions econòmiques
De conformitat amb el que s’estableix en els articles 14 i 17 a 20 de la Llei 39/2006, les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència són:
a) La prestació econòmica vinculada al servei, que s’ha de reconèixer, en els termes que s’estableixin, únicament quan no sigui possible l’accés a un servei públic o concertat d’atenció i cura.
b) La prestació econòmica per a cures a l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, que s’ha de reconèixer quan es compleixin les condicions establertes.
c) La prestació econòmica d’assistència personal.
32. Prestació econòmica vinculada al servei
32.1 La prestació econòmica vinculada al servei està destinada a contribuir al finançament del cost dels serveis establerts al Catàleg, únicament quan en el corresponent àmbit territorial no sigui possible l’atenció a través dels serveis públics o concertats de la Xarxa del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a les Illes Balears.
32.2 A l’efecte establert a l’apartat anterior, es considera que no és possible l’atenció:
a) Pel que fa al servei d’atenció residencial, quan no es disposa de plaça adequada als centres públics o privats concertats en l’entorn territorial o social en què resideix la persona beneficiària, si es tracta de centres residencials per a persones majors en situació de dependència, o, en l’àmbit autonòmic, quan es tracta de centres d’atenció a persones en situació de dependència, a raó dels diferents tipus de discapacitat.
b) Pel que fa a serveis de centre d’estades diürnes i nocturnes, quan no es disposa de plaça o de transport adequats per a centres públics o privats.
32.3 La inexistència o insuficiència del servei d’ajuda a domicili ha de ser valorada motivadament pels serveis socials del municipi de residència de la persona beneficiària.
32.4 Tenen dret a aquesta prestació les persones que compleixen les condicions següents:
a) Complir els requisits específics prevists per a l’accés al servei d’atenció al qual es vincula la prestació.
b) Ocupar o tenir reservada plaça o obtenir la prestació del servei en un centre o per una entitat degudament acreditats per a l’atenció a la dependència.
33. Prestació econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a curadors no professionals
33.1 La prestació econòmica per a cures a l’entorn familiar està destinada a contribuir a la cobertura de les despeses derivades de l’atenció prestada per la persona curadora no professional, i pot ser reconeguda en qualsevol grau i nivell de dependència, quan es compleixin les condicions d’accés establertes.
33.2 De conformitat amb les disposicions estatals en la matèria, correspon a l’Estat el cost de la cotització a la Seguretat Social i les accions de formació de la persona curadora no professional.
33.3 Tenen dret a aquesta prestació les persones que compleixen les condicions següents:
a) Que l’atenció i les atencions que derivin de la seva situació de dependència s’estiguin prestant al seu domicili habitual i s’adeqüin a les seves necessitats en funció del seu grau i nivell de dependència.
b) Que es donin les condicions adequades de convivència i d’habitabilitat de l’habitatge per al desenvolupament de les atencions necessàries.
33.4 La persona curadora no professional ha de complir els requisits següents:
a) Ser major de 18 anys.
b) Residir legalment a Espanya.
c) Ser cònjuge o parent per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al tercer grau de parentiu. Si la persona en situació de dependència té el seu domicili en un entorn caracteritzat per la insuficiència de recursos públics o privats acreditats, o circumstàncies d’una altra naturalesa que impedeixin o dificultin altres modalitats d’atenció, la Direcció General d’Atenció a la Dependència pot permetre excepcionalment l’existència d’atencions no professionals per part d’una persona del seu entorn que, encara que no tingui el grau de parentiu assenyalat a l’apartat anterior, resideixi al municipi de la persona dependent o en un de veí, i ho hagi fet durant el període previ d’un any; circumstàncies que, així com la impossibilitat d’una altra forma d’atenció, han de quedar acreditades en el procediment.
d) Condicions d’idoneïtat i coneixements per prestar la cura i atenció de manera adequada i no estar vinculada a un servei d’atenció professionalitzada. Així mateix, que pugui oferir les atencions amb una continuïtat, almenys, de tres mesos seguits.
e) Condicions d’afiliació, alta i cotització a la Seguretat Social en la forma reglamentàriament establerta.
34. La prestació econòmica d’assistència personal
34.1 La prestació econòmica d’assistència personal està destinada a contribuir a la cobertura de les despeses derivades de la contractació d’un assistent personal que possibiliti una major autonomia en l’exercici de les activitats bàsiques de la vida diària a les persones amb gran dependència, que els faciliti l’accés a l’educació i al treball.
34.2 Tenen dret a aquesta prestació les persones que compleixen les condicions següents:
a) Haver estat valorades en el grau de gran dependència, en qualsevol dels nivells.
b) Tenir capacitat per determinar els serveis que requereix, exercir-ne el control i donar instruccions a la persona encarregada de l’assistència personal de com dur-los a terme per si mateix o el seu representant legal.
c) Que la persona encarregada de l’assistència personal presti els seus serveis mitjançant contracte amb una empresa prestadora d’aquests serveis o, directament, mitjançant un contracte laboral o de prestació de serveis amb la persona beneficiària, en el qual s’incloguin les condicions i directrius per a la prestació del servei proposades per aquest i, si escau, la clàusula de confidencialitat que s’estableixi.
34.3 La persona encarregada de l’assistència personal ha de complir els requisits següents:
a) Ser major de 18 anys.
b) Residir legalment a Espanya.
c) Quan la relació entre la persona beneficiària i el seu assistent personal estigui basada en un contracte de prestació de serveis, acreditar el compliment de les seves obligacions d’afiliació i alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
d) Tenir condicions d’idoneïtat per prestar els serveis derivats de l’assistència personal.
35. Accés a les prestacions econòmiques
L’execució de les resolucions de Programa Individual d’Atenció per les quals es reconegui el dret a alguna de les prestacions a les quals es refereixen els articles 17, 18 i 19 de la Llei 39/2006 correspon a la Direcció General d’Atenció a la Dependència. A aquest efecte, pot requerir als serveis socials comunitaris, a la persona en situació de dependència o als seus familiars o representants, la documentació acreditativa del compliment dels requisits específics exigits per al pagament de la prestació que no resultin acreditats en el procediment d’aprovació del Programa Individual d’Atenció i siguin necessaris per a l’efectivitat del dret.
36. Determinació de la quantia de les prestacions econòmiques
36.1 La quantia de les prestacions econòmiques s’establirà anualment pel Govern, mitjançant Reial decret, previ acord del ‘Consejo Territorial’, per als graus i nivells amb dret a prestacions, actualitzant-la, almenys, amb l’increment de l’IPC anual.
36.2 L’import de la prestació econòmica a reconèixer a cada persona beneficiària es determinarà aplicant a la quantia a la qual es refereix l’apartat anterior un coeficient calculat d’acord amb la seva capacitat econòmica personal, establerta conforme a l’article 14.7 de la Llei 39/2006. La quantia de les prestacions es percebrà íntegrament o es reduirà d’acord amb la taula següent:
36.3. L’import de les prestacions econòmiques que es fixi per a cada persona beneficiària en situació de dependència de grau III, en qualsevol de les modalitats, no pot ser inferior a la quantia íntegra fixada en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a la pensió no contributiva.
36.4 La determinació de la quantia individual de les prestacions econòmiques vinculada al servei, per a cures a l’entorn familiar i d’assistència personal, se efectuarà en funció de la dedicació horària de les atencions, d’acord amb la taula següent, de tal manera que en la dedicació completa es percebrà la prestació íntegra, en la dedicació parcial, el 50 %, i en la dedicació mitja serà proporcional al nombre d’hores de les cures:
37. Abonament de les prestacions econòmiques
37.1 L’abonament de les prestacions econòmiques a les quals es refereixen els punts anteriors es realitzarà en dotze mensualitats anuals i, preferentment, mitjançant transferència bancària al compte designat per la persona beneficiària o, si escau, els seus familiars o representants.
37.2 La prestació reconeguda té efectes econòmics a partir de l’inici de l’any d’implantació, d’acord amb el calendari de l’apartat 1 de la disposició final primera de la Llei 39/2006, o des de la data de la sol·licitud de reconeixement de la persona interessada, si aquesta és posterior a l’inici esmentat.
37.3 El que s’ha disposat a l’apartat anterior s’ha d’aplicar sempre que en la data prevista per a l’efectivitat es compleixin els requisits establerts per a cada prestació econòmica. En cas contrari, els efectes econòmics es produeixen a partir del primer dia del mes següent a la data en què es compleixin aquells.
38. Deduccions per prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues
De la quantia a reconèixer que resulti de l’aplicació de les normes anteriors s’ha de deduir qualsevol altra prestació de naturalesa i finalitat anàlogues establerta en els règims públics de protecció social. En particular, d’acord amb el que s’estableix en l’article 31 de la Llei 39/2006, se’n dedueixen les següents:
a) El complement de gran invalidesa, regulat en l’article 139.4, del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
b) El complement de l’assignació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 75 %, previst en l’article 182bis.2 c), del Reial decret legislatiu 1/1994.
c) El complement per necessitat d’una tercera persona de la pensió d’invalidesa no contributiva, previst en l’article 145.6, del Reial decret legislatiu 1/1994.
d) El subsidi per ajuda d’una tercera persona, previst en l’article 12.2 c), de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI).
39. Ajuts econòmics complementaris
39.1. Els ajuts econòmics prevists en la disposició addicional tercera de la Llei 39/2006 tenen per objecte facilitar, mitjançant subvencions, una major autonomia personal, i afavorir la permanència en l’habitatge habitual a les persones en situació de dependència en qualsevol dels graus i nivells.
39.2 Els ajuts econòmics són complementaris del Catàleg de serveis i de les prestacions econòmiques del Sistema, i així mateix, seran subsidiaris, i si escau complementaris, de la Cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.
39.3 Els ajuts econòmics estan destinats a finançar totalment o parcialment les despeses ocasionades per:
a) L’adquisició, renovació i reparació d’ajuts tècnics o instruments necessaris per al desenvolupament normal de la vida ordinària de la persona en situació de dependència.
b) Les obres necessàries per facilitar l’accessibilitat i adaptacions a la llar de la persona en situació de dependència que contribueixin a millorar la seva capacitat de desplaçament a l’habitatge.
40. Capacitat econòmica de la persona beneficiària
40.1 La capacitat econòmica personal es determina en consideració a la renda i al patrimoni.
40.2 A efecte del que s’ha establert a l’apartat anterior, es consideren rendes o ingressos computables els béns i drets de què disposi la persona dependent, derivats tant del treball com del capital, així com qualsevol altre substitutiu d’aquells.
40.3 S’entén per rendes del treball les retribucions, tant dineràries com en espècie, derivades de l’exercici d’activitats per compte propi o aliè. S’equiparen a rendes del treball les prestacions reconegudes per qualsevol dels règims de previsió social finançats amb càrrec a recursos públics o aliens. Així mateix, té la consideració d’ingrés substitutiu de les rendes del treball qualsevol altre percepció supletòria d’aquestes, a càrrec de fons públics o privats.
40.4 Com a rendes de capital es computa la totalitat dels ingressos que provinguin d’elements patrimonials, tant de béns com de drets, segons els rendiments efectius d’aquests. En cas que no hi hagi rendiments de béns immobles, aquests es valoren conforme a les normes establertes en l’impost sobre la renda de les persones físiques, a excepció de l’habitatge habitual.
40.5 Es considera patrimoni de la persona dependent el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals és titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que en disminueixen el valor, així com dels deutes i obligacions personals que ha d’assumir. Es consideren exempts d’aquest còmput l’habitatge habitual i els béns i drets qualificats així en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, fins al límit establert legalment, quan la persona beneficiària rebi serveis o prestacions i hagi de continuar residint al seu domicili.
40.6 La capacitat econòmica final de la persona sol·licitant és la corresponent a la seva renda modificada a l’alça per la suma del 5 % del valor del patrimoni net que superi el mínim exempt per a la realització de la declaració de l’impost sobre el patrimoni a partir dels 65 anys d’edat; el 3 % dels 35 als 65 anys, i l’1 % els menors de 35 anys.
Séptima parte . "PIA de continuidad"
41 (...)
(Dejado sin efectos por: RS ASPI B 13/3/2009)
ANNEX 2
